LA VIVIENDA ES UN DERECHO, NO UN NEGOCIO

CCOO ILLES BALEARS considera que las políticas del Govern de les Illes Balears van en dirección contraria a las necesidades de la ciudadanía.

Es el momento de que, desde las administraciones públicas, se impulsen y materialicen medidas efectivas para hacer cumplir el artículo 47 de la Constitución Española: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.”

El acuerdo aprobado hoy no responde a las necesidades de la ciudadanía. Para CCOO no hay solo un problema de oferta de vivienda, hay un problema de uso antisocial de la propiedad privada inmobiliaria.

Las medidas pactadas con VOX como promover construcciones en suelo rústico, perder espacios verdes en las ciudades o destinar el 50% de las nuevas construcciones a VPL (viviendas precio limitado) sin limitar los beneficios de promotores y constructores, además de no asegurar el mantenimiento de forma permanente de dichas viviendas bajo propiedad pública, ya se han demostrado insuficientes y no son las medidas que necesita esta comunidad para acabar con la principal fuente de empobrecimiento de la clase trabajadora de Baleares.

Mientras la mayoría de propuestas siguen proponiendo "construir" como solución, la realidad es que, sin una estrategia integral, el problema de la vivienda en Baleares no hará más que seguir aumentando.

No se trata solo de construir más si no de intervenir en el precio. Sabemos que esto requiere tiempo, pero las políticas públicas deben ir dirigidas a la creación de un parque de vivienda pública asequible y en régimen de alquiler, limitando los beneficios de promotores y constructores que permitan abaratar costes, sin mermar la calidad, y ofrecer viviendas mucho más baratas que el precio de mercado. Además, es necesario generar un parque de alquiler social y de alternativa habitacional para personas en situación de vulnerabilidad.

En el corto plazo es preciso hacer cumplir la Ley por el Derecho a la Vivienda limitando el precio máximo en las zonas tensionadas vinculándolo a los ingresos de los hogares (30%) y declarar zona tensionada a todo el territorio balear; movilizar y rehabilitar el stock de viviendas vacías en las zonas tensionadas para su puesta en alquiler a precios asequibles, proporcionando garantías jurídicas y de pago a los propietarios desde las administraciones, y medidas impositivas para aquellos propietarios que mantienen viviendas fuera del mercado con fines especulativos. Para luchar contra la desocupación se debería desarrollar el artículo 37 de la ley de vivienda balear.

En el caso de aquella población que opte por la compra de vivienda, creemos necesaria la modificación de la Legislación Hipotecaria para facilitar el acceso al crédito hipotecario de las personas trabajadoras, limitando las cuotas al 30% de los ingresos del hogar, y estableciendo un tipo máximo “de usura” para préstamos hipotecarios a tipo fijo, como el vigente en Francia, referenciado a los tipos de la deuda pública a largo plazo.

Es imprescindible, además, regular y limitar nuevos fenómenos, que están influyendo de manera negativa en el precio de la vivienda, como son la proliferación de las viviendas de uso turístico, el alquiler temporal o por habitaciones.

Recordar que las principales competencias en materia de vivienda están en las comunidades autónomas y ayuntamientos que son los principales responsables de las condiciones de acceso a la vivienda, si bien la administración del estado debe seguir avanzando en medidas que permitan un marco de intervención en el mercado.

En este sentido, CCOO también tiene propuestas de carácter complementario además de las ya conocidas y recogidas en la Iniciativa Sindical por la Vivienda o en la propuesta para limitar el incremento de costes para deudores hipotecarios: proponemos la promoción estatal de un Fondo de Inversión en Vivienda Asequible (FIVA) que financie la generación de 50.000 viviendas asequibles anuales en régimen de alquiler con rentabilidades topadas para disminuir el precio del alquiler en, al menos, un 30%.

Por todo ello, es imprescindible que la política de vivienda del Govern de les Illes Balears dé un giro de 180 grados y pase a defender los intereses del conjunto de la clase trabajadora en lugar de los intereses de algunos propietarios privados.