El PP reclama al Gobierno de Sánchez que retire el recorte de la prestación CUME y proteja a las familias con hijos con enfermedades graves

Núria Riera: “No permitiremos que el Gobierno de España dé pasos atrás en la protección de las familias que conviven cada día con una enfermedad grave.

Necesitan apoyo, no más burocracia ni recortes”

El Grupo Popular en el Consell de Mallorca defenderá en el próximo Pleno una moción para exigir al Gobierno de España la retirada inmediata del borrador de reforma de la prestación para el cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave (CUME), al considerar que supone un grave retroceso en los derechos de las familias con hijos que necesitan una atención directa, continua y permanente.

La iniciativa también reclama que cualquier modificación de la normativa se lleve a cabo de forma consensuada con las asociaciones de pacientes y familias, y que se garantice la continuidad de la prestación más allá de los 26 años cuando persista la situación de dependencia o gran discapacidad de la persona afectada.

La portavoz del Grupo Popular, Núria Riera, ha denunciado que el Gobierno de Pedro Sánchez “pretende vender esta reforma como una modernización, cuando en realidad es un recorte encubierto que deja desprotegidas a miles de familias que cada día realizan un enorme esfuerzo para cuidar de sus hijos”.

“No permitiremos que el Gobierno de España dé pasos atrás en la protección de las familias que conviven cada día con una enfermedad grave. Estas familias necesitan apoyo, seguridad y estabilidad, no más burocracia, más trabas administrativas ni el miedo constante a perder una prestación imprescindible para poder conciliar su vida laboral y familiar”, ha afirmado.

Riera ha subrayado que la propuesta del Ministerio incorpora criterios que restringen el acceso a la prestación e introduce nuevos condicionantes que las principales asociaciones de pacientes ya han denunciado públicamente.

“Es incomprensible que se penalicen situaciones como la escolarización de los menores, la situación laboral del otro progenitor o que se ponga en duda la necesidad de los cuidados solo porque el menor presenta una cierta estabilidad clínica. Precisamente esa estabilidad es fruto de los cuidados permanentes que proporcionan sus familias”, ha señalado.

Por su parte, la consejera electa María Garrido, encargada de defender la moción ante el Pleno, ha asegurado que “esta reforma no responde a las necesidades reales de las familias,

sino a un modelo excesivamente burocrático que olvida la realidad de las personas que conviven con una enfermedad grave cada día”.

“Hablamos de padres y madres que han tenido que reorganizar por completo su vida para cuidar de sus hijos. No merecen más obstáculos ni más incertidumbre. Lo que necesitan es que las administraciones estén a su lado y protejan sus derechos”, ha señalado.

Garrido también ha defendido la necesidad de garantizar que la prestación no finalice automáticamente cuando los beneficiarios cumplen 26 años.

“Hay personas con un alto grado de dependencia que continúan necesitando los mismos cuidados durante toda su vida. Establecer un límite administrativo en los 26 años es ignorar completamente esa realidad y abandonar a muchas familias cuando más apoyo necesitan”, ha afirmado.

Mediante esta moción, el Grupo Popular solicita que el Pleno del Consell de Mallorca exprese su rechazo al borrador del Real Decreto, inste al Gobierno de España a retirarlo de manera inmediata y elabore un nuevo texto consensuado con las entidades representativas de los pacientes y las familias, priorizando las necesidades reales de cuidado por encima de los criterios burocráticos, clínicos o escolares. Asimismo, reclama que se recojan las iniciativas defendidas por el Partido Popular en las Cortes Generales para que la prestación CUME pueda mantenerse más allá de los 26 años siempre que persista la necesidad de una atención directa, continua y permanente.

“Desde el Consell de Mallorca queremos enviar un mensaje claro a todas estas familias: no están solas. Defenderemos sus derechos frente a cualquier intento de recortar una prestación que es esencial para garantizar su calidad de vida y la dignidad de sus hijos”, ha concluido Riera.