Opinión: ¿Quién está protegiendo realmente los intereses de Mallorca?. Por ZUKY. Las cifras publicadas por Manacor Noticias de fuentes oficiales del Govern dibujan un escenario que Mallorca ya no puede ignorar: 11.055 personas llegadas en patera en solo año y medio, 880 menores tutelados y 606 embarcaciones interceptadas en seis meses. No son números aislados: son la evidencia de un sistema que ha sido desbordado mientras las administraciones insisten en que “todo está bajo control”.

La realidad demuestra lo contrario. Mallorca, con recursos limitados y una población que ya soporta una fuerte presión económica, se enfrenta a un flujo migratorio que supera cualquier previsión razonable. Sin embargo, las instituciones continúan aplicando políticas reactivas, sin planificación a largo plazo y sin transparencia sobre los costes reales que asume la ciudadanía.

Uno de los datos más polémicos es el gasto mensual por cada menor tutelado en los centros de acogida de Manacor: 5.500 euros al mes. Una cifra difícil de justificar ante una población que lucha por llegar a fin de mes. Mientras miles de familias ajustan sus presupuestos para cubrir necesidades básicas, el Gobierno y el Govern destinan cantidades millonarias a un sistema que no explica con claridad cómo se distribuye ese dinero ni por qué el coste es tan elevado.

En mi caso, con dos hijos, el gasto mensual en alimentación y vestimenta asciende a 700 euros. La comparación es inevitable y genera una sensación de agravio que las autoridades no parecen dispuestas a abordar. La presión fiscal sobre los residentes no disminuye, y la percepción de desigualdad crece. La pregunta que muchos ciudadanos se hacen es simple: ¿quién está protegiendo realmente los intereses de Mallorca? Porque ayudar es un deber moral, pero exigir sacrificios desproporcionados a quienes sostienen el sistema con sus impuestos es una irresponsabilidad política.

La gestión migratoria en Baleares se ha convertido en un ejercicio de improvisación constante. No hay un plan claro, no hay límites definidos y no hay una estrategia que garantice que la solidaridad no se convierta en un desequilibrio insostenible. La consecuencia es un desgaste social creciente y una ciudadanía que siente que se le pide más de lo que el propio sistema puede ofrecer. Mallorca no puede seguir soportando esta carga sin una revisión profunda de las políticas actuales. La isla necesita decisiones valientes, transparencia absoluta y una gestión que priorice tanto la ayuda humanitaria como la estabilidad de quienes viven aquí y sostienen el territorio día a día.